Bolivia - "Justicia Comunitaria"
Human Rights Foundation-Bolivia alerta a la sociedad civil, a los poderes constituidos y a la comunidad internacional sobre la grave proliferación de prácticas de violencia colectiva en nuestro país, amparadas en un distorsionado concepto de "justicia comunitaria"
El homicidio presenta claros rasgos de discriminació
El violento incidente tuvo lugar en la zona de El Chapare, siendo los cultivadores de coca locales la principal base de sustentación del Movimiento Al Socialismo, actualmente en el poder. Diversos antecedentes de violencia colectiva producidos en el área configuran un probable caso de impunidad, tal como parecen confirmarlo las declaraciones de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes afirmaron sentirse rebasados por los pobladores de El Chapare.
Entre estos antecedentes se encuentra el linchamiento de Reynaldo Castro (23) y Jesús Mendoza Pérez (18), el 10 de enero de 2008, con métodos similares a los descritos anteriormente; y la agresión sistemática a viajeros con acento o aspecto del oriente boliviano en el mes de enero de 2007, cuando los cocaleros instalaron piquetes en la carretera para detener la circulación de buses, obligando a descender a los pasajeros que presentaban las citadas características, quienes fueron golpeados y ultrajados.
La multiplicació
Ante esta alarmante situación, HRF-Bolivia, en su calidad de Observatorio Independiente de Derechos Humanos, resuelve:
1) Exigir a los Ministerios de Gobierno y Justicia que precautelen la protección a los derechos humanos, por encima del respeto a cualquier práctica consuetudinaria, aplicando el artículo 171 inciso III de la Constitución vigente y el artículo 28 del Nuevo Código de Procedimiento Penal.
2) Alertar a la opinión pública sobre los artículos referidos a la "justicia comunitaria" en el proyecto de Constitución gubernamental, que no contemplan ningún tipo de supervisión de estas prácticas por parte de la justicia ordinaria, desconociendo principios elementales como el derecho a la vida, a la integridad física y al debido proceso.
3) Hacer un llamado de atención a la Defensoría del Pueblo, institución que ha sido cuestionada como negligente por familiares de la víctima del reciente linchamiento, para que ejerza sus funciones con celeridad, ecuanimidad y responsabilidad.
4) Solicitar a las Naciones Unidas que la información sobre los linchamientos raciales sea adjuntada al informe realizado por el Relator Especial sobre Derechos Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, a fin de que el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional pueda realizar un análisis imparcial de la situación boliviana.
Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 2008
Autor: H.R.F. (Bolivia)
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